El Gobierno del Perú aprobó, mediante el Decreto Supremo 010-2025-JUS, la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA 2030), un instrumento de Estado que redefine la estrategia nacional frente al lavado de activos (LA) con visión de largo plazo. Esta política busca reducir la incidencia del delito y su impacto socioeconómico, consolidando un enfoque integral que involucra al sector público, privado y la sociedad civil.
El documento identifica el problema público como la alta incidencia del lavado de activos que afecta a ciudadanos y agentes económicos, derivada de cuatro causas estructurales: la informalidad, la deficiente prevención por parte de los sujetos obligados, la debilidad institucional y la falta de articulación interinstitucional. Estas variables son consistentes con los hallazgos del Basel AML Index, que ubicó al Perú en 2022 con un riesgo de 4.72 sobre 10, proponiéndose reducirlo a 4.01 para 2030.
La PNCLA 2030 fija cuatro objetivos prioritarios:
- Reducir los comportamientos susceptibles de lavado en la población.
- Mejorar la implementación del enfoque basado en riesgo (EBR) entre sujetos obligados.
- Fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar el delito.
- Optimizar la coordinación entre Estado, sector privado y ciudadanía.
Cada objetivo está respaldado por indicadores medibles —por ejemplo, lograr que el 100 % de los organismos supervisores apliquen EBR y aumentar las sentencias condenatorias de 19 % a 20.37 %— y se articula mediante 19 servicios estratégicos, entre ellos la educación financiera preventiva, la “Semana Nacional de Prevención del LA” y el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF).
El seguimiento recaerá en la Comisión Ejecutiva Multisectorial CONTRALAFT, presidida por el Ministerio de Justicia y con la UIF-Perú como Secretaría Técnica. Los informes de avance serán anuales y las evaluaciones serán cada dos años, conforme a la metodología del CEPLAN.
Desde una perspectiva de cumplimiento corporativo, la PNCLA 2030 consolida un enfoque basado en evidencia y medición de desempeño. Implica para las empresas vigiladas la necesidad de fortalecer sus modelos de riesgo LA/FT, integrar controles de datos y ciberseguridad, y promover la cultura de cumplimiento como elemento de sostenibilidad y reputación.
El desafío no es solo regulatorio, sino cultural: fomentar una ciudadanía y un empresariado que entiendan que la formalidad, la transparencia y la cooperación público-privada son los mejores antídotos contra el lavado de activos.
